(ElPaís,cr, San José, 05/12/2019)
La Federación Ecologista Costarricense (FECON), presentó un recurso de amparo contra la misma Sala Constitucional para defender las aguas subterráneas del país.
De acuerdo con la FECON, entidad que aglutina a la mayoría de organizaciones ecologistas, la Sala IV «por fin revisará disposición del Gobierno que legalizaba el robo del agua subterránea a gran escala».
El recurso de amparo fue presentado por la FECON y por el abogado ambientalista Álvaro Sagot Rodrígez, ya que la misma instancia judicial recibió en setiembre anterior una Acción de Inconstitucionalidad (2) contra el Decreto Ejecutivo N.º 41851-MP-MINAE-MAG (3), pero los magistrados no emitieron respuesta en más de dos meses.
La FECON sostiene que en reclamo de que la acción de incostitucionalidad no había sido procesada, el pasado 3 de diciembre los grupos ambientales presentaron una nueva demanda, «un Recurso de Amparo por la violación del derecho a una justicia pronta y cumplida contra los magistrados de la misma Corte Constitucional».
«El reclamo principal es que la Acción de Inconstitucionalidad contenida en el expediente 19-017936-0007-CO ha pasado congelada al mismo tiempo que el decreto n.º 41851 legaliza la extracción a gran escala de aguas subterráneas sin concesión, lo cual es un delito en nuestro país», sostienen.
«El Recurso de Amparo con número de expediente 19-023042-0007-CO le recordó a los magistrados que el 26 de setiembre de 2019 ingresó un escrito solicitando la inconstitucionalidad del decreto n.º 41851, sin embargo no había sido tramitado hasta ese momento», indicó FECON.
«Consecuentemente un día después de interpuesto el Recurso de Amparo la Acción de Inconstitucionalidad contra el robo de agua subterránea es admitida para estudio por los magistrados y magistradas», añadió.
Se sabe que en 2015 en Costa Rica existían unos 40 mil explotaciones ilegales, de estos unos 15 mil se encuentran en Guanacaste, mientras el Estado de la Nación Reporta para el año 2017 hay registrados unos 16.570 pozos legales perforados.
«Esta disposición firmada por (elpresidente) Carlos Alvarado pretende dejar en impunidad el delito ambiental del hurto del agua. La usurpación de un bien público, como lo es el agua subterránea debería ser castigado según el artículo 31 de la Ley de Aguas», sostienen los ecologistas.
Recordaron que además, «se supone que la tutela del agua subterránea es responsabilidad del Estado. Por lo que consideramos que la amnistía es una omisión por parte del Gobierno de Carlos Alvarado de las responsabilidades legales sobre el resguardo de este bien que le pertenece a toda la población costarricense».
